Carmen reclama ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pago de un premio de 35.000 euros obtenido en un cupón de la ONCE el 5 de agosto de 2025, que no pudo cobrar después de que se comprobara que figuraba inscrita en un registro estatal de personas con prohibición de acceso al juego.
Según la información publicada por El Español, la inscripción habría sido realizada por su difunto esposo. La defensa de Carmen sostiene que esta inclusión “no fue realizada de forma libre ni con consentimiento” de la afectada.
El abogado de la mujer, Antonio Ruiz, plantea ante el TSJ de Madrid que la inscripción en el registro no respondió a una decisión voluntaria de Carmen. Su hija, Raquel, también sostiene que su padre realizó el trámite sin conocer las consecuencias que podía tener para su esposa y afirma que Carmen no juega a máquinas recreativas.
El caso enfrenta así el derecho de la afectada a percibir el premio con los efectos jurídicos de su inscripción en el registro estatal de personas que tienen prohibido participar en determinados juegos, cuestión que deberá resolver la jurisdicción competente.
